Modernización y Militarismo
La Modernización es un concepto que engloba el período de militarismo que comienza en
1876, tras un caos político presidido por la Revolución de las Lanzas de
Timoteo Aparicio, y finaliza en el
siglo XX con las reformas impulsadas por
José Batlle y Ordóñez.
Lorenzo Latorre hacia 1875.
El
10 de marzo de
1876
se efectuó una amplia reunión de comerciantes, hacendados y extranjeros
residentes que ante la acefalía en el poder y las graves crisis que
enfrentaba el país, debido en gran parte a la inoperancia de los
gobiernos democráticos decidieron ofrecerle el poder al Ministro de
Guerra Coronel
Lorenzo Latorre. Éste aceptó y tomó el poder como "gobernador provisorio".
Los objetivos principales del régimen latorrista fueron el logro de
la paz interna y el orden (en la campaña, sobre todo) y la afirmación
del derecho a la propiedad privada.
El militarismo significó desde el ángulo político, la sustitución de
las banderías tradicionales (blancos y colorados), por el gobierno de
los grupos de presión más fuertes en lo económico, aliados al grupo de
presión más fuerte en el poder real y coactivo: el ejército. La
inoperancia, la debilidad y el tono artificial que había asumido
paulatinamente la superestructura política de la República, se tradujo
pues en una asunción del poder casi directa por parte del alto comercio,
la clase alta rural y los inversionistas extranjeros. Latorre se basó
en los progresos técnicos de la época, para consolidar la estabilidad
política del país.
Los
fusiles
Mauser y Remington le dieron al ejército un poder incontrastable e
inalcanzable para los revolucionarios por su costo. La importancia del
telégrafo radica en la velocidad para transmitir información hasta los lugares más alejados de la capital. El
ferrocarril permitió el rápido traslado de tropas, para sofocar las revoluciones.
También produjo una modernización del aparato jurídico sustituyendo a
los alcaldes por jueces letrados departamentales. Simultáneamente se
aprobaron los Códigos de Procedimiento Civil e Instrucción Criminal en
1878, así como el Código Rural y la creación del Registro de Embargos e Interdicciones. En
1879
se aprobó la Ley de Registro de Estado Civil, con la cual pasó a manos
del Estado una función realizada hasta el momento por la
Iglesia.
Los juzgados de Paz, comenzaron a llevar cuatro registros: de
nacimientos, de defunciones, de matrimonios y de reconocimientos y
legitimaciones.
En materia económica y para mejorar las condiciones del campo,
Latorre se cercioró de la consolidación del derecho de propiedad privada
mediante el Código Rural de
1879,
que establecía la medianería obligatoria, lo que le dio un enorme
impulso al cercamiento de los campos. Estableció la Oficina General de
Marcas y Señales en la que debía solicitarse las marcas de ganado para
evitar repeticiones y fraudes y asegurar la propiedad del ganado. Otra
medida que se implantó como ayuda para consolidar el orden interno en la
campaña, fue la autorización dada a los grandes propietarios para
establecer policía particular a cargo del comisario.
El alambre consolidó el régimen vigente de la propiedad de la tierra.
En segundo término, eliminó al minifundista ganadero y provocó la
primera desocupación en el país al eliminar el trabajo de muchos peones,
agregados y puesteros. Esto provocó su concentración en los suburbios
de los poblados, de ciudades del interior y en Montevideo, dando origen a
lo que se empezó a conocer como rancheríos.
Una de las reformas más importantes durante el gobierno del Coronel Latorre fue la educativa, impulsada por
José Pedro Varela quien se encontraba a la vanguardia en materia de las nuevas corrientes pedagógicas.
Latorre abrió cauce a la efectivización de los proyectos varelianos,
una situación que señala el historiador Enrique Méndez Vives en «El
Uruguay de la Modernización» como paradojal, habida cuenta de las
características del régimen. Varela entendió que lo importante era
llevar a cabo la reforma educativa, que contribuiría a la eliminación de
gobiernos semejantes en el futuro.
La escuela es la base de la
República; la educación, la condición indispensable de la ciudadanía.
Todas las grandes necesidades de la democracia, todas las exigencias de
la República, sólo tienen un medio posible de realización: educar;
educar; siempre educar....
El decreto ley de la Enseñanza Común fue aprobado el
24 de agosto de
1877.
Estableció tres principios básicos, que hasta hoy siguen presentes. La
educación ha de ser: gratuita, obligatoria y laica. Los dos primeros
principios pudieron ser llevados a cabo sin grandes dificultades. El
freno estuvo en el aspecto de la laicidad. Entonces Varela propuso, como
transición, que el
catolicismo fuera enseñado a los alumnos cuyos padres así lo solicitaran.
Más que reformar, Varela creó un sistema educativo. Dio contenidos
científicos a los programas de estudio; seleccionó personal docente
dando amplia participación a la mujer; implantó la descentralización
administrativa, procurando la participación popular en el mejoramiento
de la escuela pública.
Latorre no desarrolló un gobierno a favor de la clase militar, pero
tuvo importantes cantidades de autoritarismo lo que ayudó para forjar un
Poder Central capaz de encarrilar al país en las normas necesarias para
el desarrollo de una economía moderna. Defensa de la propiedad privada
de la tierra y del ganado, establecimiento del patrón oro, reanudación
del pago de la deuda pública; pero también, modernización técnica y
administrativa del Estado.
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